ELECCIONES EN URUGUAY
por Karina Rojas y Hernán Yanes
El domingo 25/10 se realizaron las elecciones presidenciales en Uruguay y, tal como preanunciaban las distintas encuestadoras, el Frente Amplio (FA) se impuso con el 48,16 % de los votos emitidos, que no alcanza para ganar la presidencia, por lo que irá a ballotage. Los partidos de la oposición obtenían 28,94 % el Partido Nacional (PN) del ex presidente derechista Luis Alberto Lacalle, y 16,90 % el conservador Partido Colorado, que postulaba a Pedro Bordaberry (hijo del ex presidente).
Aunque no logra evitar la segunda vuelta, el FA superó los votos sumados de blancos y colorados, ganó en la mayoría de los distritos del país incluyendo Montevideo y obtuvo la mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Con respecto a la elección presidencial anterior (2004), el resultado evidencia un descenso de dos puntos del FA, como así también una caída de 5 puntos del PN y un repunte importante y fortalecimiento del Colorado que sube más de 6 puntos.
Este triunfo del FA muestra que grandes franjas de trabajadores y sectores populares aún mantienen expectativas en que el gobierno del FA pueda mejorar su situación en un segundo período. Explotando esta ilusión, el FA agitó los “logros” conseguidos y que “en 5 años no se puede cambiar todo”, que se necesita más tiempo. En esta línea Mujica prometió acabar con la indigencia.
Los sectores que durante estos años vieron frustradas sus esperanzas de un cambio social, se expresaron en el desencanto y muestras de apatía durante toda la campaña, en la reducida convocatoria de los actos y en las internas del 28/6, donde el PN obtuvo más votos que el FA. Pero este desencanto no tuvo expresión política por la positiva, como demuestra el resultado marginal obtenido por Asamblea Popular (0,7%), partido que rompió con el FA y se ubica a su izquierda en el arco político uruguayo.
El ballotage del 29/11 mostrará un escenario polarizado ya que el Partido Colorado votará por Lacalle. Los frenteamplistas deberán realizar un esfuerzo extra para captar los votos de otras fuerzas menores y del voto en blanco para ganar. Por este motivo el mismo Mujica ya está apelando a un discurso aún más conciliador para intentar atraer a sectores medios y altos de la población uruguaya.
La campaña y los proyectos capitalistas
La campaña electoral fue muy pobre en lo que refiere a la presentación de programas, plataformas políticas y propuestas de gobierno. Las frases más rimbombantes y los slogan partidarios hablaban de “aprontar el corazón”, “mantener la alegría”, “por un gobierno honrado, por un país de primera”, “su-mate”, frases vacías de contenido y muy generales, donde los distintos candidatos se dedicaron a insultarse mutuamente, a acusarse y menospreciarse.
No obstante, se dejó ver lo esencial de los proyectos políticos en disputa. Lacalle habló de pasarle la “motosierra” al gasto social, acusó a los beneficiarios de los planes sociales de “vagos atorrantes” y manifestó su intención de anular subsidios y congelar salarios. Por su parte, el FA tuvo un discurso “a dos bandas” prometiendo que la próxima presidencia pondría el eje en la “agenda social”, pero sin dejar de afirmar que en Uruguay hay “seguridad jurídica y sobre todo política” para que inviertan los capitales y dar muestras de confianza a EE.UU. y el FMI. Mujica afirmó que su gobierno impulsará el “diálogo” con el resto de los partidos y pondrá el “énfasis en los proyectos nacionales”.
Mujica tras los pasos de Tabaré
En su primera gestión al frente del ejecutivo, el FA contó con un excepcional ciclo de crecimiento económico que, al calor de abrir amplios sectores de la economía al capital trasnacional como la tierra, los frigoríficos y las zonas francas consiguió acumular un aumento del 30% del PBI en 5 años. Esto le permitió llevar adelante algunas medidas como el Plan Ceibal en la educación, el aumento de los planes sociales, la realización de algunos Consejos Salariales, etc. Pero el FA ha demostrado en su primer gobierno, del que Mujica fue ministro de Ganadería, su disposición a mantener (y hasta profundizar) lo esencial de las políticas neoliberales implementadas en gobiernos anteriores, a pesar de su discurso “progresista”. En definitiva, fue un gobierno que administró el estado capitalista, no tocó los intereses de ningún sector patronal, ni terrateniente y mantuvo la impunidad para los militares, habiendo tenido mayoría parlamentaria para vetar la Ley de Caducidad, que también se plebiscitó en estas elecciones (ver aparte). Tabaré Vázquez fue el abanderado de las empresas papeleras europeas, al permitir instalar y operar Botnia.
Además el gobierno de FA tomó medidas antipopulares como el veto del artículo de la Ley de salud sexual y reproductiva que habilitaba el derecho al aborto, la reafirmación y fortalecimiento del envío de tropas uruguayas para la ocupación en Haití, las negociaciones para establecer un acuerdo comercial bilateral con EE.UU., entre otras.
Quedó claro en esta campaña electoral, de ganar la presidencia, el de Mujica será un gobierno de continuidad con el anterior. Por eso dejó en claro que los empresarios pueden estar tranquilos y que estas son tierras seguras para invertir.
Aunque por su pasado tupamaro puede generar ilusiones de que gobernará a favor de los sectores populares, Mujica hace rato renunció a esas banderas. Incluso en mayo de este año renunció al Movimiento de Participación Popular para reforzar la idea que dentro del FA ya no hay diferencias entre sus alas y que todos están por seducir a los sectores medios de la sociedad.
Lamentablemente no hubo en estas elecciones una alternativa obrera y popular al FA que planteara una clara posición de independencia política de todas las variantes burguesas, que peleara por enfrentar las primeras manifestaciones de la crisis capitalista, que defendiera los intereses de los trabajadores, que planteara una salida de fondo a la decadencia capitalista y que atendiera los más postergados reclamos contra la impunidad y la sumisión al imperialismo. Es necesario que los trabajadores saquen las conclusiones de la prolongada experiencia con el FA y su estrategia de colaboración de clases, rompan con ese partido y avancen hacia la construcción de una herramienta política independiente.
jueves, 29 de octubre de 2009
Verdaderos cuerpos de control sobre el pueblo y los trabajadores
LAS "MILICIAS" DE CHAVEZ
Por Milton D’León LTS de Venezuela
De un plumazo Chávez sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana el pasado 21/10. No entraremos en detalle del conjunto de la reforma, pero sí en lo que tiene que ver con las llamadas “Milicias Bolivarianas”, bajo el supuesto de un componente “ligado al pueblo”, pero que en verdad no sería sino una nueva fuerza con implicaciones más profundas sobre el control del pueblo y los trabajadores.
Es de resaltar que entre una de las tantas funciones de la Fuerza Armada Nacional en la nueva Ley Orgánica sobresalen aspectos como que deberá “contribuir en preservar o restituir el orden interno, frente a graves perturbaciones sociales, previa decisión del Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”; “Organizar, planificar, dirigir y controlar el Sistema de Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”; “Participar en las operaciones que se originen como consecuencia de los estados de excepción, que sean decretados de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”. Es decir, bajo la facultad del Presidente, dicha fuerza puede intervenir en cualquier acción que pueda desarrollar la clase obrera y el pueblo, e incluso ser sometidos a un sistema de espionaje.
En la constitución de las “Milicias Bolivarianas”, decretada bajo ley Habilitante el pasado 28/7/2008, y reformulada el 21/10 del corriente año, se establece que: “La Milicia Bolivariana es un cuerpo especial organizado por el Estado Venezolano (…) destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación, para contribuir en garantizar su independencia y soberanía (…)”. Pero el plato fuerte referente a las “Milicias”, en la nueva reforma de la Ley del 21/10, es la conformación y organización de los “Cuerpos Combatientes” de interferencia directa en las fábricas, empresas y lugares de trabajo sobre los trabajadores. En el modificado Artículo 50 se establece ahora que: “Los Cuerpos Combatientes son unidades conformadas por ciudadanos y ciudadanas que laboran en las instituciones públicas o privadas, que de manera voluntaria son registrados o registradas, organizados u organizadas y adiestrados o adiestradas por el Comando General de la Milicia Bolivariana en defensa integral de la Nación, asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenecen”.
Con este Artículo 50 se da un salto en el control sobre el movimiento obrero en general, forzando a sectores de trabajadores a organizarse, bajo el “verde olivo” [color del uniforme militar], como fuerza de choque y esquiroles contra sus propios compañeros. Esto, al márgen de otros tópicos relevantes de la Ley, como los estados de excepción donde la “Milicia” se movilizaría como cualquier otro órgano de represión.
Si bien en diversas empresas como la petrolera estatal PDVSA ya se habían empezado a organizar “Cuerpo Combatientes”, es decir, en los hechos dicha Ley ya se venía poniendo en práctica, lo llamativo es el repudio que ha generado la constitución de estas “milicias” en diversas empresas estatales, como en la recién nacionalizada Sidor, donde la amplia mayoría de los trabajadores se oponen a la organización de las mismas.
Es lamentable cómo, en dirección opuesta a este repudio, la Alianza Sindical –donde Marea Socialista (ligada al MST argentino) tiene importante influencia– y otras corrientes sindicales afines al gobierno y presentes en el sindicato, basándose en los más de 500 obreros reservistas de la empresa que ya habían prestado servicio militar, han convocado a formar estos “cuerpos combatientes”, conformándose ya un escuadrón de casi cien obreros ahora bajo uniforme militar.
La repulsa es generalizada en un amplio espectro de los trabajadores que ven en los mismos una futura fuerza de choque en huelgas o conflictos defendiendo sus intereses, que actuarán en el momento preciso “asegurando la integridad y operatividad” de la empresa, es decir, de los intereses patronales, además de su función de esquiroles delatores frente a cualquier movimiento de los trabajadores. De hecho, es sabido que en Sidor ya han empezado las labores de “inteligencia” haciendo lista de los posibles “alteradores” del orden la empresa.
El argumento desde la empresa, y mecanismo de engaño, es que los trabajadores se alistan para defender la empresa de “cualquier sabotaje” cuando sabemos que cualquier huelga o reclamo obrero es catalogado como sabotaje por el gobierno, como lo expresó Chávez recientemente refiriéndose a los trabajadores electricistas que reclaman por su contrato colectivo y amenazaron parar. Los trabajadores organizados ahora como supuestos “Cuerpos Combatientes”, en el caso de Sidor, llegan al trabajo vestidos de su uniforme militar, desfilan en los patios de la empresa, muchos trabajan con su farda militar, y los incluyen en el “personal de confianza” en nómina especial.
El Estado burgués, administrado por el régimen de Chávez, se prepara así para mayores convulsiones obreras en medio de la crisis capitalista mundial. Es necesario rechazar tajantemente esta forma de organización militar en las fábricas, las empresas y lugares de trabajo, que no son más que verdaderos cuerpos de control militar directo sobre el pueblo y los trabajadores.
El FA y la derecha mantienen la impunidad
URUGUAY: LEY DE CADUCIDADEl FA y la derecha mantienen la impunidad
Por Victoria Moyano Artigas hija de desaparecidos e integrante del CEPRODH
El Frente Amplio contó durante su primer gobierno con la mayoría parlamentaria para anular la Ley N ° 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que permite la impunidad de los militares que practicaron la persecución, la cárcel, la tortura, el asesinato y la desaparición de luchadores obreros y populares en la última dictadura. Inclusive frente a las aspiraciones democráticas de distintos sectores de la población, que se expresaron en marchas multitudinarias y en una campaña en la que se juntaron más de 340.000 firmas para convocar a un plebiscito que se realizó junto con las elecciones generales.
La opción por la anulación, con un 47,7% de los votos, no llegó a imponerse. Este es un golpe importante para quienes vienen reclamando la cárcel a los militares y que tenían expectativas en que se podía derrotar esta Ley con instrumentos como los plebiscitos, apoyándose en que incluso la misma Suprema Corte de Justicia había declarado pocos días antes su inconstitucionalidad.
El mecanismo del plebiscito, muy extendido en Uruguay, igualó en este caso el voto de un represor y un político corrupto al de una víctima del terrorismo de estado o de un trabajador, con el efecto adicional de diluir las masivas movilizaciones que reclamaron justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Pero incluso con estas limitaciones,el gobierno frenteamplista tampoco tomó este reclamo en su campaña proselitista, y hasta Mujica declaró que no quería ver en las cárceles a los viejos militares. Una vez conocido el resultado del plebiscito, el candidato a vicepresidente del FA, Danilo Astori, justificó la impunidad diciendo que es “la voluntad de la gente”, al igual que el presidente Tabaré Vázquez.
Es que la política del FA es dar por finalizado el reclamo de juicio y castigo a los militares y civiles cómplices de la dictadura, por eso sostiene la Ley de Caducidad, por lo que no llegan ni a 10 los militares procesados por el terrorismo de estado durante la dictadura. La impunidad se selló con el Pacto del Club Naval de 1984, donde negociaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, con los militares (el Partido Nacional no participó porque su máximo dirigente, Wilson Ferreira Aldunate, se encontraba preso y con posibilidad de ser proscripto en las próximas elecciones). En este acuerdo se aseguró “una transición ordenada” y vergonzosa, que evitara el juzgamiento de los militares represores uruguayos y de los civiles que apoyaron y promovieron la dictadura.
El FA fue una pieza clave en ese acuerdo que garantizó que hoy estas Fuerzas Armadas se mantengan intactas, garantizando la impunidad. A partir de aquí, el FA se convirtió en uno de los engranajes que garantizan el funcionamiento de la estabilidad y gobernabilidad del período posterior a la dictadura. El FA tiene un doble discurso, reclamando la anulación de la Ley de Caducidad cuando tiene responsabilidades por haber sido partícipe del Pacto de impunidad. Ellos pactaron con los militares y eso no puede quedar en el olvido.
El único camino para lograr el juicio y castigo a todos los responsables militares y civiles del terrorismo de estado de la última dictadura es profundizar la movilización obrera y popular.
